Busca gobierno quitar 135 mil mdp a estados para IMSS-Bienestar

Con la reforma propuesta por Morena, avalada en el Senado de la República con la ayuda de sus aliados y que mañana discutirá el pleno de la Cámara de Diputados, la Federación busca apoderarse de más de 135 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).

Esos recursos se sumarían al presupuesto del IMSS-Bienestar para atender a las personas sin seguridad social, con lo que podría ascender a más de 264 mil millones de pesos.

En primera instancia, con los presupuestos de las 23 entidades que ya se adhirieron asegurará 234 mil millones para 2024.

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Sin embargo, aunque tendrá más recursos que el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que contó con un presupuesto aprobado para 2023 de 107 mil millones de pesos, y que el Seguro Popular en su último año de operación con 189 mil millones, el IMSS-Bienestar no posee la infraestructura ni los recursos humanos para ejercerlos, señalaron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.

Por ello, prevén que habrá un subejercicio del presupuesto en 2024; y, además, que las entidades federativas se quedarán sin recursos para cumplir su obligación, que no se ha retirado de la ley, de brindar atención médica en el primer nivel.

De este modo, no se cumplirá la promesa realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en marzo del próximo año el país contará con un mejor sistema de salud.

Aunado a ello, los expertos advirtieron del riesgo de opacidad y manejo discrecional de los recursos del Fassa, ya que al transferirse al IMSS-Bienestar no estarán sujetos a las reglas de fiscalización de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.

En entrevista con este diario, Miguel Manrique, exjefe de la División de Asuntos Consultivos del IMSS y corredactor del decreto de creación del IMSS-Bienestar, dijo que hasta ahora sólo 23 estados han firmado contratos marco para traspasar los recursos monetarios y humanos al organismo público descentralizado, y estos prevén la firma de otros acuerdos secundarios para formalizar la transferencia, mismos que pocas entidades han cumplido.

“Puede que algunos estados transfieran los recursos, pero para eso tenemos que tener los acuerdos. Si no tenemos el acuerdo específico que refiera que va a transferirse este dinero [del Fassa] y el mecanismo para hacerlo, en realidad no va a pasar mucho o cuando menos lo que dice el Presidente de que en marzo de 2024 va a estar, eso te garantizo que no va a ser así”, aseveró.

Explicó que la transferencia de los inmuebles tardará varios años por problemas jurídicos, como adeudos por servicios, juicios de nulidad, no estar regularizados o pertenecer a un ejido o un privado. Sin embargo, señaló, el principal problema será el traspaso de los trabajadores de base en los estados porque hay resistencia a dejar sus sindicatos hasta que se garanticen sus prestaciones, se homologue su salario y se respete su antigüedad.

“Es dinero que se va a quedar estático en un organismo que no tiene los recursos humanos ni materiales suficientes. Tendrá todos los recursos del Fassa, ¿y en qué unidades hospitalarias o clínicas los va a aplicar? Va a haber subejercicio porque no tiene el IMSS-Bienestar toda la infraestructura necesaria para operar este dinero y los estados se van a quedar sin recursos, aquellos que hayan firmado los acuerdos específicos”, expresó.

Por su parte, Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, señaló que la centralización de los recursos inició en mayo de 2023.

“Se cierra ya la pinza para asegurar que la Federación vaya a tener el control de los recursos que antes eran de los estados”, señaló.

Añadió que existe riesgo de que los recursos se utilicen con opacidad porque se operarán bajo un mecanismo similar al del Insabi.

“Hay riesgo de opacidad, pero eso ya lo veníamos viendo desde la modificación de la Ley de Salud en 2020. Se estuvieron mandando recursos desde el Insabi hacia el Fonsabi, después hacia la Tesofe, esto se mantiene ahora con el IMSS-Bienestar... se permiten esas transacciones y en estas últimas modificaciones a la Ley General de Salud no se corrige esa parte”, explicó.

El experto también negó que el traspaso de los recursos del Fassa al IMSS-Bienestar signifique un incremento presupuestal.

“De hecho, vemos una disminución frente a los mejores años [del Fassa y aportaciones federales], que fue en 2013, 2014 y 2015. Entonces, no hay un incremento presupuestal”, expuso.

Jacques Stroobants, coordinador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas, afirmó que con la transferencia del Fassa al IMSS-Bienestar éste deberá atender a los derechohabientes de los sistemas de salud estatales y aún estarían pendientes 50.4 millones de personas sin seguridad social.

Asimismo, destacó que si no se combate la corrupción en el sector salud no se solucionarán las deficiencias del IMSS-Bienestar.

“No habrá recursos que sean suficientes si no se combate la corrupción, pues este desvío de recursos seguirá siendo el causante de que no haya medicinas y equipos suficientes o que la infraestructura de salud sea de menor calidad, por ejemplo”, determinó.

Finalmente, Stroobants estimó que los nueve estados que no se adhirieron al IMSS-Bienestar recibirán aproximadamente 30 mil millones de pesos para mantener la administración y gestión de la salud para su población.