Servidores de la Nación, un “ejército” bajo la lupa ante elección de 2024

“Estaban ahí, con sus listas de beneficiarios”, platica el abogado perredista Rafael Hernández. “Pasando lista a los beneficiarios que llegaban a votar y mandando traer de sus casas a los que no habían concurrido”, reclama. “En eso consistía su operación”.

Así describe la supuesta participación de decenas de Servidores de la Nación, que son los promotores de programas sociales del gobierno federal que visten chalecos guindas ─el color de Morena─ que fueron desplegados en casillas de votación durante la jornada electoral del 5 de junio de 2022 en Tamaulipas.

Según las denuncias del PAN, PRI y PRD, en cuya redacción participó Hernández Estrada, al menos diez Servidores de la Nación operaron como representantes partidistas de Morena, PT y Verde, que podían moverse por cualquier casilla, y otros 38 participaron como representantes fijos de los partidos en casillas de 19 distritos.

Ese día, Américo Villarreal, candidato de Morena, PT y Verde, ganó la gubernatura con 730 mil 864 votos de los tamaulipecos, el 50.27 por ciento de la votación.

Pero también, desde ese día, resultado de las denuncias de la oposición, las autoridades electorales encendieron un foco rojo ante el despliegue.

Los Servidores de la Nación representan una fuerza operativa mínima de 19 mil 700 personas, adscritas a la Secretaría de Bienestar, encargadas de promover, de casa en casa, cara a cara, en todo el país, programas sociales federales.

Para magistrados y consejeros electorales, y especialistas en rendición de cuentas, la operación de los Servidores de la Nación debe ser vigilada y contenida para evitar su injerencia durante la elección del 2 de junio de 2024, la más grande en la historia del país.

Aunque no hubo pruebas suficientes para demostrar su injerencia en Tamaulipas, la resolución que validó la elección de Villarreal admitió que esos funcionarios podrían ser un riesgo en el futuro.

“Mantienen una cercanía con la ciudadanía, como primer punto de contacto y, en algunos casos, como el único enlace para alcanzar un beneficio social, lo que hace que sus acciones, cuando sean generalizadas, pudieran generar un impacto trascendente y determinante en cualquier elección democrática”, reconocieron los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia del 28 de septiembre de 2022.

Ese día, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos para evitar la injerencia en el proceso electoral tanto de los Servidores de la Nación, como de cualquier servidor público, de cualquier nivel, encargado de la promoción de programas sociales.

Dichos lineamientos tardaron más de un año, pues tanto Morena como el gobierno federal se inconformaron, pero el pasado 25 de octubre la Sala Superior del TEPJF confirmó la validez de las medidas dictadas por el INE en septiembre de este año.

Las medidas contra “Bienestar”

Los lineamientos dictados por el INE prohíben a promotores de programas sociales registrarse como representantes partidistas, observadores electorales, funcionarios de casilla o participar en el reclutamiento y contratación de supervisores y capacitadores electorales federales y locales.

Se les prohíbe propiciar la percepción entre los ciudadanos “de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno”.

Los lineamientos destacan que “en el ejercicio de sus actividades vinculadas con programas sociales, se abstendrán de usar logos, emblemas, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, que generen confusión o identidad con un partido político, gobernante o con la imagen institucional del INE”.

Iniciadas las campañas, tienen prohibido entregar programas sociales en eventos masivos.

Y destaca que las personas que participen como funcionarios de casilla deberán firmar un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que no son servidores públicos vinculados con programas sociales, lo cual podrá ser corroborado por el INE.

Cercanía, el riesgo

La magistrada Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, aseguró que la cercanía que establecen los Servidores de la Nación con la población puede facilitar la inhibición o coacción de la voluntad popular.

“Esto justamente tomando en consideración la capacidad de decisión material y jurídica que pueden tener quienes están ejecutando la política pública social respecto de las personas pertenecientes a una localidad y que, como consecuencia de ello, pudiera generar una situación de presión o temor a tales reacciones”, argumentó en la sesión pública de la Sala Superior del 25 de octubre.

En diciembre del 2022, cuando el Consejo General del INE atendió, por primera vez, la sentencia del TEPJF, el entonces consejero Ciro Murayama opinó que, en el sistema político actual, los promotores de programas sociales son leales al partido en el poder para no perder su empleo.

“Por eso, la prohibición de que los servidores públicos estén, desde sus cargos, tratando de obtener ventajas indebidas hacia procesos electorales por venir o en marcha, y que los operadores de programas sociales no sean un día quienes les dan los apoyos a la gente y al otro día, u horas después, le piden el voto a la gente para determinado partido”, expuso.

Al respecto, Javier González, director de Desarrollo Institucional en Ethos Innovación en Políticas Públicas, coincidió en que la operación de los brigadistas de Bienestar es riesgosa.

“Sí hay ciertos riesgos porque, de entrada, pudieran estar en contextos en donde es posible un escenario de manipulación a las poblaciones más vulnerables, que pueden ser mal informadas respecto al acceso y al derecho que tienen para recibir estos programas sociales”, opinó. González consideró positiva la emisión de los lineamientos del INE para evitar la injerencia de estas figuras en el proceso electoral.

“Es indispensable evitar por todos los medios que estas estructuras o cualquier otra se conviertan en estructuras territoriales de promoción del voto y evitar el riesgo de manipulación”, dijo. Además, consideró que, aunque se hace énfasis en los Servidores de la Nación, las medidas del INE no se limitan a un solo partido, pues sabemos que hay gobernadores de diferentes partidos y que estas prácticas operan en todos los niveles de gobierno.

Un “ejército electoral”

Rafael Hernández fue representante del PRD ante el entonces Instituto Federal Electoral cuando Andrés Manuel López Obrador acusó fraude en su contra en 2006, pero desde 2019 ha denunciado la operación de este “ejército” de brigadistas.

“Esta operación electoral es una operación sistemática que se viene realizando desde 2018 todos los días en todo el territorio nacional, en visitas domiciliarias, en asambleas que hacen a cada rato para adoctrinar a los beneficiarios, para condicionarlos, para que actúen al momento de votar y en las campañas electorales en favor del partido oficial”, acusó Hernández, en entrevista con MILENIO.

Autor del libro “Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T”, afirmó que, en 2019, los brigadistas ofrecían programas sociales con una bolsa de 220 mil millones de pesos; que en 2023, el monto de los programas ascendió a 520 mil millones de pesos y que en el presupuesto para 2024, año electoral, la cifra ya es de 733 mil millones de pesos.

Para Hernández, el éxito de estos lineamientos dictados por el INE depende de la difusión que se les dé, de que todos los partidos estén al pendiente de que se cumplan e incluso, sugiere que, el día de la elección, se haga una marcación personal en cada distrito a los Servidores de la Nación para detectar sus actuaciones.

El perredista afirmó que la operación de estos cuadros es tan evidente que en cada proceso electoral surgen denuncias contra ellos no sólo de parte la oposición, sino también de miembros de Morena.

“En el 2020, cuando se anuló el proceso interno de Morena para elegir presidente nacional, Yeidckol Polevnsky denunció a los Servidores de la Nación porque estaban apoyando a Bertha Luján; cuando Mario Delgado se quiso reelegir por la vía de prorrogar su mandato, el año pasado, hubo denuncias múltiples de John Ackerman, que denunció con pelos y señales cómo intervinieron a favor de Mario Delgado, y más recientemente es Marcelo Ebrard quien denunció, prácticamente con nombre y apellido, cómo estuvieron actuando para favorecer a Claudia Sheinbaum”, recordó.