Denuncia e impunidad: dos diques para la recuperación de activos en México

Iniciamos este sexenio con dos premisas importantes en temas anticorrupción. La primera: combatir la corrupción es una prioridad para el gobierno. La segunda: el combate de la corrupción liberaría recursos para invertir en obras y programas sociales. Con esto en mente, el presidente lanzó varias iniciativas para eliminar fideicomisos, programas e instituciones, aludiendo prácticas opacas, pero poco se avanzó en otros temas como la recuperación de activos.

De acuerdo con el Banco Mundial, los activos recuperados pueden usarse en beneficio del gobierno o para indemnizar a las víctimas. En ese sentido, la recuperación de activos no sólo inhibe las prácticas corruptas al incrementar los costos de este tipo de actos, sino que permitiría una mayor inversión en las fiscalías anticorrupción. Sin embargo, hay dos grandes diques que dificultan la recuperación de activos en México: los bajos niveles de denuncia y las altas tasas de impunidad.

Para hablar del primero, imaginemos que un servidor público se encuentra frente a la posibilidad de ser partícipe de un acto de corrupción. Sin duda, en su decisión influyen los costos y beneficios de ello. Los beneficios son muy fáciles de calcular, pues, por ejemplo, son básicamente los recursos que recibirá a cambio de favorecer a un proveedor en un proceso de licitación. Los costos también son claros, pero bajos, y esto es porque nadie lo va a denunciar y es poco probable que un delito de corrupción se investigue si no hay denuncia. 

Para la recuperación de activos la denuncia es importante, pero lo es también la rapidez con la que se presenta ante las instancias investigadoras. Las redes de corrupción se valen de técnicas muy innovadoras para el lavado de dinero, entonces, si un acto de corrupción no se denuncia con rapidez, los recursos se vuelven más difíciles de rastrear, pues los corruptos tienen mayor oportunidad de esconder esos recursos ilícitos.

Es necesario mencionar que para recuperar activos existen, generalmente, dos vías. La primera es que, una vez dictada la sentencia, se puedan recuperar los activos obtenidos de forma corrupta. Ahí nuestro segundo dique, pues en México los niveles de impunidad son elevados, es decir, el servidor público que está frente a la posibilidad de participar en un acto corrupto se preguntará qué tan probable es ser encontrado culpable, en caso de que exista una denuncia en su contra. 

La segunda vía es la Ley de Extinción de Dominio, que también permite hacer confiscaciones de bienes y cuentas sin que exista una sentencia para quien comete el delito de corrupción, pues el foco no se pone en la persona que cometió el acto, sino en los activos producto del delito. Sin embargo, la implementación de esta Ley ha sido poco exitosa, pues se ha logrado recuperar menos de 1% de los bienes incautados por actividades ilícitas. 

A estas problemáticas le sumamos las complejidades inherentes de la recuperación de activos, como las dificultades para vincular los activos a un delito, invertir en inteligencia financiera para rastrear la ruta de los recursos después de un proceso de lavado de dinero, hasta la coordinación con autoridades mexicanas y extranjeras (cuando los activos se encuentran en otros países).

La necesidad de invertir mayores recursos en política social ha llevado al gobierno a eliminar o reducir el presupuesto de otros programas e instituciones, incluídas las que combaten la corrupción. Sin embargo, fortalecer a las instituciones a cargo de recuperar activos también es una apuesta ganadora.