La eficacia del compliance, clave en el combate de la corrupción

En los últimos años, la corrupción ha tomado un papel central en la agenda pública. Sin embargo, y a pesar de las acciones que se han implementado desde distintos frentes, algunos indicadores muestran un estancamiento. Por ejemplo, en la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo la misma puntuación que en 2015 (31 puntos de 100 posibles). Esto ha significado un retroceso en nuestra posición en el ranking, dado el avance de otras economías.

Sin duda, el combate de la corrupción es un tema tan complejo que requiere de la participación de muchos actores. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “los Estados no pueden combatir la corrupción por sí solos. Las empresas tienen, a todas luces, una función vital que desempeñar como aliadas para el cambio”. No obstante, en México las empresas siguen siendo víctimas de la corrupción y, en otros casos, parte del problema.

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (ENCRIGE, 2020), 71.5 % de las unidades económicas encuestadas consideran que los actos de corrupción por parte del sector público son frecuentes. En estadísticas más recientes, una encuesta realizada por Coparmex a sus socios nos dejó ver que 39 % de los respondientes experimentó algún acto de corrupción en el 2022, cifra mayor a la registrada en años anteriores por la misma encuesta. Pero también tenemos ejemplos que nos muestran que las empresas son parte del problema al participar en esquemas de corrupción de los que se ven ampliamente beneficiadas. Uno de los casos más sonados en este sexenio fue Segalmex, en el cual 46 empresas estuvieron involucradas en el desvío de 9,500 millones de pesos.

Para poder revertir estos datos se requiere, por un lado, combatir la corrupción gubernamental que afecta a las empresas, pero también es necesario que éstas fortalezcan sus políticas de** compliance** (o complimiento normativo) para asegurar comportamientos éticos. Al respecto, en los últimos años, hemos presenciado una ola de iniciativas desde el sector privado para instaurar este tipo de políticas. De acuerdo con una encuesta a representantes empresariales, alrededor del mundo, 95 % de las empresas declararon contar con programas de este tipo como medida anticorrupción (OCDE, 2020). Pero a pesar de este avance, poco se conoce de su efectividad.

Veamos, por ejemplo, qué pasa con los sistemas de denuncia anónima, un componente central de las políticas de compliance. En México, de acuerdo con la mencionada encuesta de Coparmex, una de cada cinco empresas tiene sistemas de denuncias, pero del total de encuestados que dijo haber experimentado un acto de corrupción, solo 19 % denunció. Esto nos demuestra que aún falta mucho camino por recorrer para hacer estos sistemas efectivos y confiables, de tal forma que un ciudadano esté motivado a denunciar.

En ese sentido, es necesario impulsar una segunda ola en las políticas de compliance, cuyo objetivo sea hacerlas más efectivas. Esto se logra, sin duda, diagnosticando las barreras y proponiendo soluciones que atiendan esas áreas de oportunidad, en algunos casos, las ciencias del comportamiento pueden ser una alternativa innovadora.

El combate a la corrupción sigue siendo un tema prioritario en la agenda pública, los indicadores que por años nos han colocado como uno de los países más corruptos del mundo comenzarán a mejorar si los esfuerzos que realizan distintos actores son efectivos. Desde el sector privado es valioso el avance que se ha dado en la instauración de las políticas de compliance para combatir la corrupción al interior de las empresas, mas la agenda futura debe centrarse en incrementar su efectividad. Adicionalmente, la acción colectiva puede tener más impacto si se generan alianzas entre industrias, para atender los temas que son comunes. En la lucha anticorrupción, la participación del sector privado es fundamental para alcanzar resultados reales y duraderos.