Altos funcionarios de Nuevo León libran las tenazas del sistema anticorrupción

Luego de tres años y medio de operaciones, el aparato anticorrupción del estado se encuentra ahogado en burocracia, falta de andamiaje jurídico y descoordinación. Solo 4.3% de las denuncias concluyeron en sentencias, y ninguna de ellas implicó a servidores públicos de alto nivel.

Monterrey, Nuevo León.– Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, arrancó su precampaña presidencial apoyándose de un programa estatal para realizar actividades electorales. A ese escándalo se le bautizó rápidamente como las “bronco-firmas”.

Casi un año y medio después, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del estado. Parecía una de las primeras faenas importantes para el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL), aunque al final no llegaría más lejos por el fuero de Rodríguez Calderón y la inacción del Congreso.

Nacido en marzo de 2017, el objetivo del SEANL es coordinar los trabajos de la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría, la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, así como las tareas del Comité de Participación Ciudadana.

De acuerdo con información oficial, han ingresado 139 denuncias penales, de las cuales 90 fueron judicializadas. De éstas, se lograron tres sentencias condenatorias y tres absolutorias durante juicios orales. Es decir, solo el 4.3% de las denuncias fueron sancionadas por un juez.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas consultó a integrantes del SEANL para conocer cuáles son las razones que llevan a una baja judicialización y castigos. No dudan en apuntar a la descoordinación, la burocracia y a los vicios no reformados de las ocho distintas leyes que rigen el SEA. 

“La mayoría de las denuncias que manejamos, yo le puedo asegurar que más del 50 por ciento, fueron abiertas de oficio por nosotros y partimos desde cero, desde pedir toda la información. Nosotros no tenemos ni la copia de un cheque (…). Empezamos a investigar desde cero, esa es la gran diferencia, que no hemos encontrado apoyo ni de la Auditoría del Estado, ni de la Contraloría”, acusa el fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza, sobre la falta de coordinación en el SEA de Nuevo León.

“Esta coordinación y cooperación (del SEA) realmente no se está realizando y no están trabajando en conjunto”, critica Bonnie Palifka Blake, profesora del Tecnológico de Monterrey e integrante de la Coalición Anticorrupción, sobre este modelo que desde su arranque ha erogado más de seis mil millones de pesos.

Gerardo Guajardo Cantú, quien hasta el pasado 31 de agosto fue titular de la Contraloría estatal, señala que los pocos resultados no son por falta de voluntad, sino porque se trata de una nueva ley. “Yo lo definiría en una frase: ‘el Sistema Estatal Anticorrupción está en construcción’ (…) pero hay ciertas leyes que requieren algún ajuste”.

Sin castigos penales

La Fiscalía Anticorrupción registró 139 denuncias desde que el SEANL comenzó funciones. Sin embargo, tras los cambios efectuados en la ley en noviembre del 2019, se sumaron otros 300 que se encontraban en la antigua Fiscalía Especializada de Servidores Públicos de la FGJ de Nuevo León. Eso significa que entre los casos de la vieja y la nueva oficina, se han investigado 439 asuntos.

Mildreth Ayala, integrante del equipo de la Fiscalía Anticorrupción, asegura que la mayoría de las carpetas aún están en proceso de investigación y recaudación de pruebas, y en otras apenas se han presentado solicitudes de audiencia de imputación, o sea, todavía no se le ha comunicado a los denunciados el delito que se les atribuye.

Solo seis juicios –tres sentencias absolutorias y tres sentencias condenatorias– por delitos de corrupción contra servidores públicos han arribado a buen puerto. En cuanto a las condenatorias, se trataba de tres funcionarios que pertenecían respectivamente al Sistema Estatal de Caminos, la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública.

De acuerdo con el fiscal, uno de los grandes lastres es la “tardanza” del debido proceso mediante la integración de la carpeta de investigación y el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias. Incluso cuando se llega a necesitar de otros estados –apunta Garza y Garza– se vuelve toda una proeza: “Esta información la requerimos también para autoridades judiciales a la Ciudad de México y muchas veces tardamos tres o cuatro meses en recibirla, ese es el problema que estamos teniendo para la integración de las carpetas”.

“Si a eso le agregamos criterios judiciales y la Ley (del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León y el código penal de Nuevo León), que nos señala que tenemos que justificar elementos subjetivos, entonces, ese es el gran problema (…) hemos presentado muchísimos más asuntos a consideración del juez, pero el juez lo que está diciendo es ‘justifícame este elemento subjetivo, que es lo que nuestra legislación establece’. Ahí es donde estamos parados”, comenta Garza y Garza.

Es decir, se trata de un momentum donde existe la posibilidad de que se paralice el proceso de una denuncia. No obstante, la ralentización puede ser mayor con las impugnaciones interpuestas por los funcionarios acusados de corrupción.

Los lastres descritos por el fiscal también los vivió el extitular de la Contraloría estatal, Gerardo Guajardo Cantú, quien critica que de las 350 denuncias recibidas entre 2018 y 2019, no existe una sola sanción definitiva, pues alega que el sistema permite que el funcionario investigado se proteja de inmediato. “Podemos llegar a la conclusión que quieras y el funcionario el mismo día lo está impugnando”, advierte.

Según dice, los tiempos y los procedimientos determinados en la ley terminan por alargar los procesos de hasta tres meses para una resolución; aunque subraya que el debido proceso es un derecho de todo ciudadano. “No podemos decir ‘ah, eres culpable’ y vámonos (…) Cuando hablan de resultados, los ciudadanos quisieran que hiciéramos juicios sumarios”, justifica Guajardo Cantú.

Para lograr mejores resultados –recomienda el otrora contralor– es necesario revisar el andamiaje jurídico, ya que este no permite acelerar los procesos. “Nosotros nada más podemos hacer lo que dice la ley”.

“Hay que tener mucho cuidado también cómo se va a definir la política porque entonces va a ser letra muerta si no modifican o ajustan las leyes. Tampoco, no quiero decir que hay que desechar las leyes, yo lo que quiero decir es que hay (que hacer) unos ajustes”, detalla el funcionario, quien añade que en la Contraloría se saturan y no les permite enfocarse en “las cosas verdaderamente relevantes”.

“Sé que todo puede ser relevante, pero no es lo mismo que te falte un sello a que no hiciste un concurso de 100 millones de pesos”, compara Guajardo Cantú.

Auditoría de adorno

La Auditoría Superior registró multas entre 2015 y 2018 por 340 mil 424 pesos a los entes obligados por incumplimientos a requerimientos. Con un presupuesto de 234 millones 886 mil 967 pesos, esta dependencia se ha distinguido por su corta acción, reflejada en las pocas observaciones que emite a las cuentas públicas.

La ASE de Nuevo León, encabezada por Jorge Galván González, se ha limitado a emitir unas cuantas multas anualmente a municipios y dependencias estatales, sin que esto derive en sanciones legales para quienes no justificaron gastos o que incurrieron en una presunta malversación; tampoco en interponer denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción.

Las multas de las cuentas públicas entre 2015 y 2018 suman un total de 116 mil 864 pesos. Pese a lo detectado por la Auditoría neoleonesa, esto no significa un proceso de denuncia asegurado ante la Fiscalía Anticorrupción.

Juan Manuel Ramos, director de la organización Redes Quinto Poder, afirma: “Al menos en el último año o en el último ejercicio fiscal, acciones que tengan que ver con observaciones a los entes públicos que fiscaliza o bien, con acciones de presentar denuncias o darle seguimiento a temas que hayan observado, por el contrario, algunos actores dentro del propio Gobierno Estatal se quejan de que la Auditoría se está usando con fines políticos”.

Por ejemplo, la Auditoría interpuso denuncias en contra de los municipios de Zuazua y Escobedo por irregularidades en las cuentas públicas de 2018; dicha acción motivó que los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) consideran que la ASE es selectiva en la lucha anticorrupción por no denunciar a otros 15 municipios con desfalcos.

“Tenemos también una lista de muchas cuentas que, a nuestro criterio, no solamente están igual, incluso están hasta peor en comparación con las que ya se han activado”, declaró Luis Donaldo Colosio Riojas, coordinador de los diputados de MC.

A raíz de lo anterior, la diputada de MC, Mariela Saldívar, solicitó las investigaciones y las sanciones ejercidas contra el resto de los Ayuntamientos, cuya suma de faltantes no justificados asciende a unos 285 millones de pesos. Según los datos del ASE, durante 2018 se registraron 207.6 mdp no solventados en obra pública en el municipio de García; en Vallecillo, 14.2 mdp; en Bustamante, 13.9; en Los Ramones, 9 mdp; y en el de China, 15.3 mdp, donde no se proporcionó la ubicación de la obra.

Cada año se entregan menos observaciones y no se cumplen con los tiempos y formas de entrega, de acuerdo con la legisladora. “Desde mi punto de vista, la Auditoría Superior no cumple con lo que se le mandata, ni tampoco le da seguimiento a casos de denuncias que se interponen”, apunta la también vicecoordinadora de fiscalización de su bancada.

“En la revisión de la cuenta pública 2018 vemos una muestra de omisiones asombrosas en las cuentas de los municipios y de silencios para proteger algunas administraciones y los partidos que la soportan”, comenta Daniel Butruille, integrante de la organización Ciudadanos Contra la Corrupción y miembro de la Coalición Anticorrupción.

La organización afirmó que en lugar de que se realicen investigaciones a través de auditorías forenses en casos con presuntos actos de corrupción, se ha optado por hacer revisiones de cuenta pública. “Durante estos cuatro años con Jorge Galván al frente, se han registrado casos que han indignado a la opinión pública, sin que hasta ahora haya consecuencias”, acusó un pronunciamiento de cámaras empresariales, organizaciones civiles, colegios de profesionales y universidades.

Caso Bronco

Cuando Galván fue auditor se interpuso la denuncia penal contra el gobernador, quien fue señalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de uso de recursos públicos en su campaña electoral, con la ayuda del secretario de Gobierno, Manuel González.

Sin embargo, debido a que aún cuenta con fuero, el Tribunal pidió al Congreso de Nuevo León que imponga las sanciones correspondientes en el caso de las llamadas “bronco-firmas”. Pero el congreso estatal, lejos de comenzar un juicio político, creó un procedimiento especial para sancionar a “El Bronco”.

En respuesta, el mandatario interpuso un recurso legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta resolvió que el procedimiento de los diputados locales es inconstitucional, debido a que el método para iniciar un juicio político contra cualquier gobernador está previsto en la Constitución federal en el artículo 110 y no puede ser modificado por las legislaturas estatales.

Pero esto no implica que el gobernador de Nuevo León haya sido absuelto, sino que la sentencia sugiere que el Congreso debe apegarse a la Constitución y comenzar un proceso de juicio político, con el fin de destituir a un mandatario estatal y posteriormente encauzar este tema ante una autoridad judicial. “No se ha avanzado en hacer justicia en estos casos tan emblemáticos”, afirma la diputada Saldívar.

El SEA de Nuevo León tiene una deuda titánica y una prueba de fuego para demostrar su eficiencia ante los ciudadanos: el caso de corrupción más emblemático de Nuevo León, sigue sin recibir castigo.