¿Más cobertura en salud con el mismo presupuesto?

México, a lo largo de su historia, ha sido testigo de un arraigado centralismo que se manifiesta no solo en el ámbito político, sino también en el fiscal. El centralismo fiscal, caracterizado por la concentración de poder y recursos en el gobierno central, se hace patente en diversas acciones gubernamentales. Un ejemplo de ello es la facultad exclusiva que tiene la Federación para cobrar impuestos sobre tabacos labrados. Pero ¿por qué esto es un problema que debería importarnos?

En los primeros días de 2024, el Poder Legislativo aprobó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Salud para transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) al IMSS-Bienestar, y así consolidar un sistema integral de salud. Mediante esta reforma, los 23 estados firmantes renuncian a los fondos del Fassa y le transfieren a la Federación la responsabilidad de proveer servicios de salud a los habitantes de sus estados.

Además de que resulta poco creíble que con el mismo presupuesto se pueda atender a toda la población que no está afiliada al IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Semar en esos estados, este nuevo esquema de salud deja a las entidades federativas firmantes en la indefensión, pues ante una emergencia sanitaria no dispondrían de recursos para hacerle frente y la atención de su población dependería exclusivamente de la Federación. Considerando que nuestro futuro está marcado por crisis sanitarias y climáticas, resulta importante que los estados cuenten con recursos para esas coyunturas.

Por otro lado tenemos a nueve estados (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán) que han decidido asumir la responsabilidad de prestar servicios de salud para sus habitantes al no sumarse al plan del Ejecutivo. El reto aquí también es mayúsculo. Aunque las entidades no firmantes seguirán recibiendo los recursos del Fassa, es bien sabido que son insuficientes, y dos indicadores dan muestra de ello. En primer lugar, una parte importante de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud. En Jalisco, por ejemplo, casi cuatro de cada 10 habitantes no reciben atención médica de alguna dependencia del gobierno. Para absorber a esta población, las entidades federativas necesitan mucho más de lo que ingresan mediante el FASSA.

Fuente: CONEVAL, Medición pobreza 2022.

En segundo lugar, en esas entidades existe un número importante de fumadores que requerirán, en el corto, mediano o largo plazo, atención médica para hacer frente a los padecimientos derivados del tabaquismo. Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada a personas de 12 a 65 años, 17.6 por ciento de los mexicanos fuman. Siete de los nueve estados que no firmaron el convenio están por encima de este promedio.

Fuente: ENCODAT 2016-2017, gráfica elaboración propia.

El eje transversal en todas estas problemáticas es la necesidad de mayores ingresos para garantizar la calidad y cobertura de los servicios de salud, tanto para la población fumadora como para la que no lo es. Desafortunadamente, el panorama no pinta sencillo, los estados no tienen la atribución de establecer nuevas contribuciones al tabaco labrado, y la Federación no está interesada en aumentar el IEPS más allá de la actualización por inflación.

Los estados y la Federación deben explorar alternativas para garantizar el derecho humano a la salud de sus habitantes. Algunos actores han estado cocinando opciones impositivas sobre tabacos labrados, sólo falta la voluntad política para implementarlas.